Empresas ante el nuevo estándar europeo: de la debida diligencia al liderazgo en derechos humanos
En un mundo cada vez más globalizado, las expectativas sobre el papel de las empresas trascienden la generación de beneficios.
En este escenario, la debida diligencia en derechos humanos, entendida como el proceso continuo mediante el cual las empresas identifican, previenen, mitigan y rinden cuentas sobre sus impactos en las personas, se ha consolidado como un eje central de la gestión empresarial.
Este enfoque, impulsado inicialmente por marcos internacionales, ha dado un salto cualitativo con la aprobación en 2024 de la Directiva europea sobre diligencia debida de las empresas en materia de sostenibilidad (CSDDD). Por primera vez, este proceso deja de ser voluntario para convertirse en una obligación legal progresiva para miles de empresas.
Sin embargo, el contexto sigue evolucionando. La reciente revisión de esta normativa, conocida como paquete “Ómnibus”, introduce ajustes relevantes en plazos, alcance y exigencias, evidenciando que estamos ante un marco regulatorio en construcción, pero ya irreversible.
La sociedad, los inversores y los clientes demandan cada vez más que las compañías no solo gestionen riesgos financieros o reputacionales, sino también los impactos reales sobre las personas. La debida diligencia deja así de ser una cuestión técnica para convertirse en una prioridad estratégica.
Un marco regulatorio en evolución: qué cambia con la revisión “Ómnibus”
La Directiva de 2024 marcó un punto de inflexión, pero su reciente revisión introduce matices importantes que las empresas deben comprender. Entre los principales cambios destacan:
- Ampliación de plazos: los Estados tendrán hasta julio de 2028 para transponer la directiva, y las empresas deberán cumplirla antes de julio de 2029.
- Redefinición del alcance: se elevan los umbrales a empresas de más de 5.000 empleados y 1.500 millones de euros de facturación (frente a los 1.000 empleados y 450 millones iniciales).
- Enfoque más gradual: se prioriza el análisis de impactos más graves y probables, centrando inicialmente la atención en socios comerciales directos.
- Ajustes en responsabilidad y sanciones: se elimina el régimen armonizado de responsabilidad civil a nivel europeo y se reduce el máximo de sanción al 3 % de la facturación global.
- Cambios en sostenibilidad climática: desaparece la obligación directa del plan de transición climática (aunque se mantiene en otros marcos como la CSRD).
Estos cambios no reducen la relevancia de la debida diligencia, pero sí evidencian una tensión entre ambición regulatoria y viabilidad empresarial. En la práctica, refuerzan la necesidad de priorizar, enfocar y avanzar de forma progresiva, sin perder de vista el objetivo final: prevenir impactos negativos sobre las personas.
Tal y como se recoge en el VII informe del Observatorio, La Empresa y los Derechos Humanos. Entender las claves para pasar a la acción:
No basta con evaluar riesgos: es imprescindible actuar sobre ellos con medidas concretas y medibles.
De la norma a la práctica: el reto real de las empresas
Implementar la debida diligencia en derechos humanos no es un proceso sencillo, especialmente para pequeñas y medianas empresas (pymes).
Muchas organizaciones cuentan con políticas o códigos de conducta, pero su aplicación efectiva, sobre todo en cadenas de suministro complejas, continúa siendo limitada. En demasiadas ocasiones, la debida diligencia se ha reducido a auditorías sociales que no incorporan la voz de las personas involucradas y/o afectadas por la actividad de la empresa.
La nueva regulación eleva el nivel de exigencia y obliga a avanzar en aspectos clave:
- Mayor trazabilidad en la cadena de valor
- Integración de cláusulas contractuales con proveedores
- Desarrollo de planes de acción con indicadores verificables
- Refuerzo de la capacidad de influencia (“leverage”)
Además, introduce consecuencias en caso de incumplimiento. En este contexto, hablar de “riesgo legal” implica anticipar posibles sanciones, litigios o responsabilidades derivadas de no prevenir impactos negativos sobre los derechos humanos.
Pero más allá del cumplimiento, el reto es cultural: pasar de una lógica de control a una lógica de gestión activa del impacto.
La cadena de valor: el gran desafío (y la gran oportunidad)
Uno de los mayores retos (y también una de las mayores oportunidades) se encuentra en la cadena de suministro.
Garantizar la trazabilidad más allá del primer nivel de proveedores sigue siendo complejo, especialmente en sectores con cadenas globales y fragmentadas como el textil, la alimentación o la energía.
Sin embargo, es precisamente en este ámbito donde las empresas pueden generar mayor impacto:
- Integrando pequeños productores o proveedores vulnerables
- Mejorando condiciones laborales mediante formación y acompañamiento
- Impulsando alianzas sectoriales para abordar riesgos sistémicos
Como señalaba Ramón Baeza, Senior Partner Emeritus en Boston Consulting Group (BCG), en el informe:
Cuando un competidor tiene un problema en materia de derechos humanos, todo el sector se ve afectado. Las empresas deben trabajar juntas en cuestiones que afectan a todos.
La colaboración deja así de ser opcional para convertirse en una necesidad estratégica.
Cuando la regulación llega al territorio: el papel clave de las alianzas
Uno de los aspectos menos visibles, pero más críticos, de este nuevo marco normativo es su impacto en los eslabones más vulnerables de la cadena de valor.
Tal y como explicó Ferran Gelis, Delegado de CODESPA en Ecuador, durante el webinar La Empresa y los Derechos Humanos, organizado recientemente por el Observatorio con la financiación del Ministerio de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación y la colaboración de la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo, estas normativas no solo afectan a las grandes empresas, sino también a miles de pequeños productores:
En Ecuador existen alrededor de 200.000 familias productoras de cacao que pueden verse afectadas por estas exigencias, sin conocer siquiera la normativa ni tener capacidad para aplicarla.
El riesgo es claro: que la presión regulatoria se traslade a quienes tienen menos recursos para gestionarla.
Aquí es donde el papel de actores como las ONG resulta clave. CODESPA, como organización de cooperación internacional e impulsora del Observatorio, actúa como puente entre empresas y comunidades:
Nuestra labor es traducir la normativa a la realidad local, adaptarla a contextos complejos y acompañar tanto a empresas como a productores para que puedan cumplirla.
Este acompañamiento se traduce en asistencia técnica, formación y desarrollo de herramientas adaptadas a contextos rurales o vulnerables.
Innovación aplicada: el caso de CODESPA Ecuador
Lejos de ser solo un reto, este nuevo contexto también está impulsando soluciones innovadoras.
En Ecuador, CODESPA está desarrollando un proyecto pionero que utiliza inteligencia artificial para facilitar la aplicación de normativas como el reglamento europeo contra la deforestación (EUDR) en la cadena del cacao, en la que participan muchas familias de comunidades indígenas.
El objetivo es claro: democratizar el acceso al conocimiento y reducir las barreras de cumplimiento. Como explicaba Ferrán Gelis:
La normativa es compleja y muchas veces inaccesible para pequeños productores. La inteligencia artificial puede ayudar a resumir requisitos, identificar riesgos y guiar procesos de debida diligencia de forma sencilla y accesible.
Este tipo de soluciones permite reducir la brecha entre exigencia normativa y capacidad real de implementación, acelerando la adaptación de toda la cadena de valor.
Además, refleja una idea clave: la regulación, bien aplicada, no solo exige, sino que también puede impulsar innovación, eficiencia y nuevas formas de colaboración.
Más allá del cumplimiento: ventaja competitiva y propósito
Las empresas más avanzadas están entendiendo que la debida diligencia no es solo una obligación, sino una oportunidad estratégica.
Integrar los derechos humanos en la gestión permite:
- Fortalecer la relación con comunidades y stakeholders
- Anticipar riesgos legales y operativos
- Mejorar el acceso a financiación sostenible
- Reforzar la reputación y la confianza
En palabras de Carlos Monjas, Gerente de Relación con Comunidades y Derechos Humanos de Repsol, recogidas en el informe:
Obtener la licencia social para operar implica ser un buen vecino: cumplir compromisos, escuchar a las comunidades y actuar cuando surgen riesgos.
El mensaje es claro: el liderazgo empresarial hoy pasa por cómo se gestionan los impactos, no solo los resultados.
Este proceso puede parecer complejo. Sin embargo, el informe insiste en no esperar a la perfección, sino empezar. La inacción ha llevado históricamente a prácticas perjudiciales, como la ruptura abrupta de relaciones comerciales sin evaluar el efecto sobre los trabajadores. Por el contrario, avanzar paso a paso permite identificar y mitigar riesgos, fomentando un entorno laboral más justo y sostenible.
Claves para avanzar hoy: formación, diálogo y colaboración
Existen numerosos instrumentos internacionales que guían la acción empresarial en derechos humanos. Entre ellos destacan los Principios Rectores de la ONU sobre Empresas y Derechos Humanos, las Líneas Directrices de la OCDE y los convenios fundamentales de la OIT, que abarcan temas como libertad sindical, trabajo forzoso, trabajo infantil, igualdad de remuneración y seguridad laboral. Estos marcos establecen estándares claros sobre cómo las empresas deben respetar los derechos humanos en todas sus operaciones y cadenas de suministro.
A nivel regional, los sistemas europeo, interamericano y africano de DD.HH. ofrecen mecanismos adicionales de protección y observancia. Por ejemplo, el Tribunal Europeo de Derechos Humanos emite sentencias de cumplimiento obligatorio para los Estados miembros, mientras que los sistemas interamericano y africano cuentan con comisiones y tribunales especializados que pueden evaluar denuncias individuales o colectivas, reconociendo incluso derechos comunitarios o colectivos.
Para las empresas, avanzar en este ámbito pasa por activar varias palancas:
- Formación interna a todos los niveles, especialmente en la alta dirección
- Diálogo continuo con partes interesadas
- Colaboración con otros actores (empresas, ONG, administraciones)
- Integración progresiva de la debida diligencia en los procesos de negocio
La formación, en particular, actúa como un “multiplicador de eficiencia”, permitiendo anticipar riesgos antes de que se materialicen.
Liderazgo empresarial en un momento decisivo
Nos encontramos en un punto de inflexión. La regulación avanza, pero también lo hace la capacidad de las empresas para adaptarse, innovar y colaborar.
Los expertos coinciden en una idea clave: el mayor riesgo hoy no es actuar, sino no hacerlo.
Pero también hay un mensaje de fondo más optimista. Como se destacó en el diálogo del webinar organizado por el Observatorio, en el que participaron ILUNION, Repsol, Business & Human Rights y CODESPA:
La debida diligencia bien aplicada no solo evita impactos negativos, sino que genera valor real para la empresa y para la sociedad.
El ejemplo de CODESPA en Ecuador demuestra que este cambio no es solo teórico. Es posible aterrizar la normativa, adaptarla a contextos complejos y convertirla en una herramienta de desarrollo.
En este contexto, el Observatorio se posiciona como un aliado clave para acompañar a las empresas en este proceso, ofreciendo conocimiento práctico, herramientas y espacios de diálogo.
Porque hoy, más que nunca, la diferencia no está en si las empresas actúan, sino en cómo lo hacen y en cómo impactan realmente a las personas.
Descubre más claves en nuestro webinar La empresa y los derechos humanos:
Bibliografía complementaria:
- Naciones Unidas (2011). Principios Rectores sobre las Empresas y los Derechos Humanos.
- Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos. Líneas Directrices de la OCDE para Empresas Multinacionales sobre Conducta Empresarial Responsable.
- Organización Internacional del Trabajo. Convenios fundamentales sobre derechos laborales.
Sistemas regionales de protección:
- Tribunal Europeo de Derechos Humanos
- Sistema Interamericano de Derechos Humanos
- Sistema Africano de Derechos Humanos