¿De quién es la responsabilidad para combatir la desigualdad?

La participación de aliados, como empresas privadas, organismos multilaterales, donantes y ONG es primordial, y subraya un compromiso de desarrollo sostenible que trasciende fronteras e industrias.

Por Nathalie Jean-Baptiste
Deputy CEO y Directora del programa Wealth Inequality Initiative y de la Fundación Julius Baer.

 

¿Qué marcará la diferencia entre las sociedades del futuro? Seguramente algunas serán más dinámicas que otras, pero la diferencia estará en aquellas que busquen una prosperidad compartida. Pienso también que los territorios más atractivos encontrarán un modelo de crecimiento basado en un desarrollo inclusivo, que significa: no dejar atrás a las comunidades más vulnerables. Además, serán más conscientes a la hora de tomar decisiones; con el objetivo de impulsar a la movilidad social ascendente de las personas que, actualmente, se encuentran en lo más bajo de la pirámide socioeconómica.

Hoy en día, nuestra economía global se nutre de intrincadas cadenas de suministro. Hemos observado que el crecimiento económico, el mercado laboral y la protección social se encuentran a menudo desvinculados; y existe un gran malestar social. Se conoce que el 10% de la población mundial más rica recibe el 52% de los ingresos, dejando solamente el 8,5% al 50% de la población restante[1].

Esa diferencia tan grande se debe a numerosos factores, como las limitaciones a la hora de acceder a una formación acorde a nuestro tiempo, que incluya tecnología, y la posibilidad de acceder a espacios de diálogo y acción. A mi juicio, uno de los componentes más importantes del término “igualdad” es justamente el momento en el que las personas tienen acceso a redes o instituciones, donde pueden tomar decisiones sobre lo que les afecta. La desigualdad es un mal que se puede corregir, porque está basada en decisiones. Por eso pienso que la responsabilidad del sector privado es crucial; porque ahí es donde se toman muchas decisiones relacionadas con el desarrollo, y en donde se puede modular de forma más ágil la vitalidad de una económica local.

 

Por otro lado, pienso que tener trabajo no es lo mismo que tener bienestar. El trabajo presupone tener un nivel de ingresos adecuado para vivir, y el bienestar rebasa las necesidades básicas y alcanza un estado de satisfacción. Si bien es cierto, este estado de satisfacción puede cobrar diferentes tintes, y está basado en culturas y costumbres diferentes, existen ciertas condiciones elementales. Esto es un sistema político progresista, una orientación social y diría, incluso, una visión colectiva que busca un beneficio para la mayoría, y no solo para unos pocos. De la misma manera, la pobreza es distinta a la desigualdad. La pobreza está vinculada con la falta de recursos, y la desigualdad se relaciona con la forma en se reparten los recursos. Por lo tanto, la reducción de la desigualdad de riqueza se reduce a crear condiciones para alcanzar un bienestar social. Se habla en general de sistemas fiscales más justos, flujos de capitales que favorecen al acceso a servicios sociales básicos, como la salud o la educación, y políticas de acceso a la tierra, además de cuestiones de género. Pese a ello, creo que tenemos que hablar también de responsabilidad individual y colectiva de inclusión.

En los últimos años muchas voces han hablado de la movilidad social como otra forma de combatir la desigualdad, haciendo frente al desafortunado destino heredado de muchas personas con bajos recursos. El ascensor social, que implica que las generaciones actuales tengan mejores posibilidades económicas que las generaciones pasadas, se ha estancado en varias partes del mundo. A menudo, los padres trasladan su entorno a sus hijos y, si no existe una educación que pueda facilitar el ascenso social, la movilidad de la que hablan los sociólogos de Centro de Estudios de Conflicto y Cohesión Social (COES) se ve seriamente perjudicada.

En un estudio realizado sobre 300 trayectorias de movilidad exitosas en Chile, COES nos invita a pensar en la movilidad como una iniciativa social, y destaca el impacto positivo en la cohesión de esa sociedad. La idea es replantear la movilidad social para que sea un esfuerzo colectivo y no individual, como lo es ahora. Desde un punto de vista colectivo, el crecimiento inclusivo puede ser visto como una historia notable de empoderamiento, que ofrece un enorme potencial de transformación para las comunidades vulnerables. Puede ser por ejemplo una apuesta a la creación de valor compartido entre empresas y cooperativas.

En los 30 proyectos que actualmente apoyamos desde la Fundación Julius Baer, hay una intención clara, que es impulsar un cambio positivo en las vidas de miles de personas y redefinir la responsabilidad corporativa. Esto se puede lograr fomentando las relaciones equitativas y el valor compartido, trascendiendo las fronteras para salvar la brecha entre el beneficio económico y el progreso social. Para mí, es una cuestión de visión solidaria y de retribución.

Los agentes de cambio nos dicen que buscar la prosperidad no debe producirse a costa de dejar atrás comunidades vulnerables. Sabemos que establecer relaciones más equitativas y sembrar semillas de justicia en la cadena de valor toma su tiempo. Al influir en las políticas y prácticas locales, la participación de aliados, como empresas privadas, organismos multilaterales, donantes y ONG, subraya un compromiso de desarrollo sostenible que trasciende fronteras e industrias.

El papel de la Fundación Julius Baer, ampliando esas colaboraciones, pone de relieve nuestro compromiso de fomentar el potencial humano y de buscar soluciones sobre la desigualdad de la riqueza. Mediante acuerdos comerciales, redes amplias y sólidas y participando en mesas de diálogo donde se toman decisiones que benefician a la sociedad entera. A medida que avanzamos, este extraordinario viaje que hemos iniciado me inspira y me ayuda a reconocer el inmenso potencial que tenemos para marcar la diferencia.

 

 

[1] World Inequality Report, 2022, Inequality Lab.

 

 

Dr. Nathalie Jean-Baptiste es Directora de Programa del Wealth Inequality Initiative de la Fundación Julius Baer, a la que se incorporó en marzo de 2020.

Antes de trabajar en Julius Baer, dirigió una unidad de investigación en África Oriental durante cuatro años. Nathalie tiene una amplia experiencia en investigación, fue Marie Curie Global Fellow y trabajó durante los últimos quince años en el campo de los estudios urbanos. Su trabajo se ha centrado en las desigualdades, las vulnerabilidades urbanas y la transformación. Nathalie es arquitecta de formación y posee un máster y un doctorado por la Universidad Bauhaus, en Alemania.

Su experiencia internacional como puente entre la ciencia y la práctica abarca México, Alemania, Burkina Faso, Etiopía, Tanzania y Australia. Es miembro del SSPH Lugano Summer School in Public Health, Policies, Economics and Management, donde aporta una perspectiva meridional a la vanguardia de los debates sobre salud y educación mundiales. y actualmente ejerce de mentora en el Programa de Mujeres en la Ciencia y el Arte (WISA).