Una herramienta para la recuperación
Hace tiempo que el “impacto social” ha entrado en el vocabulario de las empresas. También es sabido que un posible freno para su desarrollo es la falta de estándares de medición. En estas líneas Joan Fontrodona, profesor de Ética Empresarial en el IESE Business School y asesor del Observatorio, sintetiza hasta dónde llega el consenso. El artículo completo está publicado en El Economista.
La empresa tiene un impacto en el entorno donde opera, ya sea el entorno natural o el entorno social, tanto los propios trabajadores, en primer lugar, como el resto de los grupos con los que la empresa se relaciona.
El gran reto de la medición del impacto social es encontrar un nivel suficiente de estandarización que permita, de entrada, usar un lenguaje común y, después, definir unos indicadores que faciliten la comparación. Es difícil porque los aspectos discrecionales de “lo social” tienen una mayor relevancia. Donde sí parece que hay cierto consenso es en las etapas que hay que seguir en esa medición:
- En primer lugar, hay que identificar los objetivos, es decir, qué se quiere medir, a qué audiencia vamos a dirigirnos, qué les queremos contar y qué recursos necesitaremos.
- Después, hay que identificar los stakeholders más relevantes que han intervenido o se han visto afectados por los cambios provocados por la actividad de la empresa.
- La tercera etapa consiste en escoger las medidas del impacto relevantes, buscando un equilibrio entre los indicadores más estandarizados y aquellos otros que reflejarán lo que es más propio de esa actividad que se está midiendo. A continuación, se trata de proceder a la medición y, con ella, a la validación de los resultados y a la evaluación del impacto.
- Por último, habrá que publicar los resultados de este proceso e identificar los puntos de mejora.
La medición del impacto social es un ejercicio cargado de oportunidades que pone en evidencia los vínculos y los compromisos que las empresas tienen con las sociedades donde operan. En estos momentos, puede ser una buena herramienta para promover una recuperación económica inclusiva, por el ejercicio de diálogo y transparencia que implica.