Talleres de expertos sobre Derechos Humanos en la empresa

El pasado 29 de septiembre finalizó el tercer y último taller de expertos. Estos encuentros se han celebrado con motivo de la nueva investigación 2Derechos Humanos y Empresa. Una forma de entender la cadena de valor». Numerosas personalidades del mundo de la empresa, fundaciones empresariales y entidades públicas han participado.

En el inicio de la séptima investigación, el Observatorio ha reunido a expertos de diferentes sectores para hablar de los Derechos Humanos en el sector privado. Un debate abierto en torno a la futura Directiva Europea en materia de sostenibilidad, la taxonomía social europea y el futuro de los criterios ASG, con mayor insistencia en la “S” de lo social. Los talleres han contado con el apoyo de María Prandi y Pía Navazo, representantes de la consultora Business and Human Rights y consultoras del informe.

Las sesiones se han celebrado en las oficinas de Boston Consulting Group de Madrid, y han contado con la participación de empresas de la talla de Repsol, BBVA, Grupo Dia, Mahou – San Miguel, Reale Seguros, BCG entre otras. También quisieron compartir su punto de vista las fundaciones empresariales Fundación Impactun, Open Value Foundation, y entidades como el Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital, COFIDES y la Oficina de la Comisión Europea en España.

 

I Taller: normativa vigente y los sectores más conflictivos

 

El primer taller ha tratado la normativa vigente sobre Derechos Humanos y Debida Diligencia a nivel nacional e internacional. El encuentro ha comenzado con una sesión teórica donde se ha expuesto la legislación vigente. Un breve recorrido en torno a los principales instrumentos jurídicos más relevantes en el sector privado. Desde los Principios Rectores sobre Empresas y Derechos Humanos de 2011 hasta la Directiva Europea sobre Diligencia Debida en materia de Sostenibilidad y Derechos Humanos. Esta última considerada en la actualidad como:

«Un proceso continuo por el cual las empresas toman todas las medidas necesarias y eficaces para identificar, prevenir, mitigar, rendir cuentas y responder por los impactos negativos, reales o potenciales de sus propias actividades o las de su cadena de valor».

Sobre el término «cadena de valor» también se han compartido diferentes opiniones. Esto se debe la novedad de sustituir el término «cadena de suministro» por «cadena de valor» en el Consejo de Administración de las empresas. Un término más completo que hace referencia a todas aquellas actividades y entidades involucradas en la producción, diseño, abastecimiento, extracción, fabricación… de materias primas, productos o servicios de una empresa, y el desarrollo del mismo. Además, se ha señalado que la ley es aplicable a empresas grandes y medianas de todos los sectores, por eso se han tratado varios casos en torno a la cadena de valor de empresas del sector minero, textil y agrícola. Grandes señalados en materia de Derechos Humanos.

La segunda parte del taller ha consistido en analizar los principales retos, limitaciones y oportunidades a los que se enfrenta la empresa. Por un lado, las principales oportunidades internas y por otro las externas. Algunos desafíos identificados son: la unión de empresas entre un mismo sector, la presencia de iniciativas multiempresa y la formación social; además de una mayor disposición a compartir buenas prácticas con el objetivo de sensibilizar a todos los actores. Todo ello desde el acuerdo y colaboración entre el sector privado, organismos internacionales y la Administración pública de los países comprometidos.

 

II Taller:  debida diligencia y la relación con proveedores

 

En el segundo taller se ha analizado la relación empresa – proveedores en la cadena de valor; un punto crítico a la hora de aplicar de forma efectiva la debida diligencia en materia de Derechos Humanos. Este término, «debida diligencia», según Business and Human Rights, hace referencia a:

“Un proceso continuo por el cual las empresas toman todas las medidas necesarias y eficaces para identificar, prevenir, mitigar, rendir cuentas y responder por los impactos negativos, reales o potenciales de sus propias actividades o las de su cadena de valor”.

Y es que desde el año 2019 hasta hoy la Unión Europea plantea ciertas obligaciones de debida diligencia a las empresas, para que su impacto esté en consonancia con el respeto a los derechos humanos y la protección del medio ambiente. Partiendo de esta realidad, el taller trató de aterrizar el ejercicio de debida diligencia en la cadena de valor de las empresas y su gestión con los proveedores.

Durante el encuentro varias empresas privadas trataron diferentes casos en los que se presenta un conflicto en la relación empresa-proveedor. Realizar una investigación para identificar las grietas de la cadena de valor, fomentar la creación de sinergias entre empresas para compartir buenas prácticas o realizar campañas de sensibilización para todos los actores fueron algunas de las conclusiones a las que llegaron las empresas que participaron.

 

III Taller: colaboración público-privada en materia de Derechos Humanos

 

El tercer y último taller ha contado con la participación de representantes de la Administración Pública. Desde el principio la Directiva Europea ha sido un actor fundamental a la hora de comunicar la obligatoriedad de las normas en materia de Derechos Humanos. El objetivo no es otro que pedir a las empresas que gestionen y mitiguen su impacto social. Por esta razón todos los actores implicados coinciden en la importancia estrechar la relación de las empresas del mismo sector con las entidades públicas. También han subrayado la necesidad de apoyar, desde la Administración, a las pymes; quienes en ocasiones tienen voluntad, pero les falta la capacidad de alcanzar los objetivos de impacto social.

En la sesión práctica los participantes han compartido numerosas conclusiones. Las empresas han mencionado la importancia de formar a sus proveedores y las pymes sobre la nueva normativa. También han resaltado acciones de sensibilización para sus stakeholders, he insisten en la capacidad para crear iniciativas sectoriales, donde se comparta información y buenas prácticas para fomentar un estándar de protección de Derechos Humanos en cada sector.

En relación con el apoyo a la Administración Pública, los participantes han transmitido la necesidad de enviar asistencia técnica a todas las empresas, independientemente de su tamaño. Asimismo, se ha sugerido que las entidades públicas aporten subvenciones en productos que beneficien un impacto social positivo, para que el coste de estos esfuerzos no recaiga de una forma excesiva en los consumidores.